Por parte del Estado, de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos principalmente se conceden subvenciones para determinadas actividades y/o inversiones, y que necesitan ser auditadas por un auditor de cuentas inscrito en el ROAC. Las cuentas justificativas con aportación de informe de auditor son un medio de justificación para el beneficiario del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en la concesión de las referidas subvenciones.

Actividad consistente en la revisión y verificación de las cuentas anuales, así como de otros estados financieros o documentos contables, elaborados con arreglo al marco normativo de información financiera que resulte de aplicación, siempre que dicha actividad tenga por objeto la emisión de un informe sobre la fiabilidad de dichos documentos que pueda tener efectos frente a terceros.

Las Cuentas Anuales deberán ser objeto de auditoría cuando, durante dos ejercicios consecutivos, se cumplan dos de las tres circunstancias señaladas a continuación:

• Que el total de las partidas del activo supere los dos millones ochocientos cincuenta mil euros.
• Que el importe neto de su cifra anual de negocios supere los cinco millones setecientos mil euros.
• Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a cincuenta.
• Además, deberán someterse en todo caso a la auditoría de cuentas las entidades en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
• Que emitan valores admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales de valores o sistemas multilaterales de negociación.
• Que emitan obligaciones en oferta pública.
• Que se dediquen de forma habitual a la intermediación financiera, y, en todo caso, las entidades de crédito, las empresas de servicios de inversión, las sociedades rectoras de los mercados secundarios oficiales, las entidades rectoras de los sistemas multilaterales de negociación, la Sociedad de Sistemas, las entidades de contrapartida central, la Sociedad de Bolsas, las sociedades gestoras de los fondos de garantía de inversiones y las demás entidades financieras, incluidas las instituciones de inversión colectiva, fondos de titulización y sus gestoras, inscritas en los correspondientes Registros del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
• Que tengan por objeto social cualquier actividad sujeta al Texto Refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, dentro de los límites que reglamentariamente se establezcan, así como los fondos de pensiones y sus entidades gestoras.
• Que reciban subvenciones, ayudas o realicen obras, prestaciones, servicios o suministren bienes al Estado y demás organismos públicos dentro de los límites que reglamentariamente fije el Gobierno por real decreto.

Las demás entidades que superen los límites que reglamentariamente fije el Gobierno por real decreto. Dichos límites se referirán, al menos, a la cifra de negocios, al importe total del activo según balance y al número anual medio de empleados, y se aplicarán, todos o cada uno de ellos, según lo permita la respectiva naturaleza jurídica de cada sociedad o entidad.